El título de esta columna es el eslogan con el que recuerdan en Brasil al político Ademar Pereira de Barros, que justificaba la corrupción (puntualmente la acción de robar los recursos públicos) como una condición necesaria para hacer obras en su país. En pocas palabras, “el que no roba no hace nada”. Y aunque parezca paradójico, este hombre fue elegido dos veces gobernador del Estado de São Paulo (en 1974 y 1963), y una vez alcalde de la ciudad de São Paulo (en 1957). El polémico gobernante falleció en 1969, en París.
El ejemplo define muy bien la lógica bajo la cual no pocos políticos trabajan en Colombia (y en el mundo), y la inspiración de algunos para hacer sus discursos. “Si mi antecesora hizo el doble de obras que yo, entonces, ella robó el doble”, afirmó el actual alcalde de Lima, Luis Castañeda (en un lapsus). Y otros, como el expresidente de México, Felipe Calderón, consideran, por el contrario, que han “hecho mucho sin robarse nada”.
Y los dos últimos gobiernos en Colombia, liderados por el expresidente Álvaro Uribe y ahora por el presidente Juan Manuel Santos, podrían servir de aproximación de ejemplo para esta historia. El primero fue muy cuestionado por el manejo de los recursos públicos, pero con unos logros en ejecución destacados por la comunidad. Por su parte, el segundo, aún no registra mayores escándalos de corrupción, pero, en cambio, sí ha sido fuertemente criticado por sus ritmos de cumplimiento de resultados.
A Colombia, la corrupción le cuesta al año más de 10 billones de pesos –según cifras de la Secretaría de la Transparencia–. Entre las principales causas identificadas de este fenómeno están la debilidad de las instituciones, la falta de denuncias, la carencia de más programas de protección a testigos, las deficiencias en educación y la necesidad de mayor información. Toda una enfermedad asociada al componente del dinero fácil (heredado del narcotráfico) y alimentada por las fallas en los procesos que implementan las instituciones.
De acuerdo con el Indice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, en el 2014 Colombia se ubicó en el puesto 97 entre 175 países y territorios. Hasta el momento (y desde hace seis años), se han presentado más de 3.500 sanciones penales por delitos contra la administración pública, lo que significan alrededor de 580 al año. El tiempo promedio en la cárcel para los funcionarios corruptos es de 85 meses, con unas multas de 180 millones de pesos. Esos guarismos evidencian que se justifica el negocio.
Por eso, ahora que se aproximan las elecciones, vale la pena identificar a aquellos candidatos que se soportan en la lógica del ‘robo, pero hago’. Resulta un acto de responsabilidad con la ciudad o con el departamento donde se vota, impedir el arribo de alternativas como estas, que se justifican en la demagogia para llevar a cabo sus actos delictivos y seguir llenándose los bolsillos. Mejor decir, “yo critico, pero voto”.
Juan Manuel Ramírez Montero
Consultor
@Juamon / j@egonomista.com
Publicado en Portafolio: 07/27/2015
