Es posible que para el común de los colombianos que viajan a Punta Cana (destino preferido por los turistas) se desconozca que República Dominicana es vecino de Haití, en la misma isla. Un país con el que el primero vive una crisis diplomática, asociada con un programa de identificación y regularización migratorio que busca resolver la situación de más de tres millones de ilegales que viven en territorio dominicano.
Mientras algunos califican esta iniciativa como una acción de literal de expulsión de ciudadanos haitianos desde Santo Domingo, otros consideran que se trata de una deuda histórica del Estado por ordenar la información poblacional y, de paso, dejar al día los miles de casos de personas que no cuentan con ningún tipo de nacionalidad o residencia. El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación migratoria irregular, que lanzó recientemente el gobierno dominicano, busca legalizar la permanencia en territorio dominicano de la población asentada mediante el cumplimiento de ciertos requisitos.
Sin embargo, la iniciativa ha carecido de éxito, debido a que Haití –país que origina la mayor parte de la población extranjera– no ha logrado entregar la documentación necesaria a sus conciudadanos para que puedan surtir los trámites en el programa mencionado.
Entre los obstáculos que ha tenido este país (que supera el 95 por ciento de pobreza en su población), según varios analistas locales, están las bases de datos inexistentes, los débiles sistemas de información, la baja infraestructura administrativa y la corrupción estatal.
La situación no es nada fácil de resolver, en la medida en que Haití tiene unas condiciones sociales y administrativas difíciles. Aunque no supera los 10 millones de habitantes y su Producto Interno Bruto ronda los 11.000 millones de dólares, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) es bajo (0,4 por ciento). Se puede decir que gran parte de la ayuda que recibe, además de Estados Unidos y Europa, proviene de su único vecino, República Dominicana.
Por esa razón resulta toda una paradoja que hoy el centro de las críticas tenga que ver con la iniciativa de un gobierno que busca enmendar los errores migratorios del pasado.
El debate hasta ahora comienza y hay sectores que reclaman un plan de urgencia desde Haití para entregar la documentación requerida por República Dominicana, en relación con su ciudadanía, y que, además, les permita aprovechar el programa de regularización.
No hay que olvidar que el país que preside Danilo Medina, tiene una superficie que no supera los 48.000 metros cuadrados (con una población de 10 millones de habitantes) y un Producto Interno Bruto de 135.000 millones de dólares, lo que representa un desafío, en la medida que crece la población concentrada en dicho territorio.
La comunidad internacional no puede ser ajena al debate, y menos Colombia, que ha mantenido un compromiso de cooperación mutua con República Dominicana. Los vientos del diálogo siempre serán el mejor camino, y, en ese caso particular, el mejor ejemplo comienza por casa.
Juan Manuel Ramírez M.
Consultor
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Publicado en Portafolio: 07/09/2015
