El sábado en la noche, miles de personas en Colombia recibieron un sorpresivo mensaje de texto en sus teléfonos móviles. “La inscripción de su cédula efectuada en Bogotá fue dada de baja por trashumancia. Resolución 3850 de 2015”, decía la misiva. Así, a secas, sin aclarar a dónde podía quejarse la gente o qué se debía hacer para apelar tan arbitraria decisión. Ni siquiera se tomaron la molestia de firmar el mensaje de texto. Por supuesto, quienes tuvieron acceso a los medios de comunicación o a las redes sociales se enteraron, por accidente, de que se trataba de una decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que se podía apelar con plazo máximo hasta el siguiente día hábil.
Y este es un ejemplo de cómo funcionan algunas instituciones. Sin ningún criterio riguroso se decide ‘condenar’ a trashumancia al ciudadano para luego obligarlo a realizar trámites engorrosos que permitan demostrar que no es culpable. En pocas palabras, se omite la presunción de inocencia y lo empujan a un callejón sin salida. Acaso no existe el Sigep, la plataforma gubernamental, en la cual todos los contratistas del Estado o funcionarios públicos suben sus hojas de vida con los respectivos soportes. También, está la base única de afiliados a seguridad social. Qué me dicen de la Dian, en la que aparecen todos aquellos que declaran renta. Y las cámaras de comercio, donde se registran pequeños y grandes empresarios, juntos con sus movimientos.
Las fuentes de información a las que tiene acceso el Estado son abundantes. No existe razón para transferirle la carga de la ineficiencia administrativa al ciudadano. ¿Qué pueden pensar de nosotros como país cuando hablamos de ley antitrámites, o de estrategias para promover la competitividad? ¿Por qué tiene una persona que demostrar lo que el Consejo Nacional Electoral no es capaz de investigar? Y si fuera el caso, en el que no existiera mayor información, ¿por qué no establecer sistemas amigables de apelación? Faltó información disponible sobre los derechos que tiene un individuo para solicitar enmendar un error del Estado. ¿Por qué el mensaje no decía ‘presunta trashumancia’?
Cifras de la revista Semana aclaran que de las 450.000 cédulas que se inscribieron en Bogotá, entre el 25 de octubre del 2014 y el 25 de agosto del 2015 año, 71.472 fueron anuladas por esa razón. En la mayoría de los casos, se trata de personas que cambiaron su puesto de votación dentro de la ciudad o de nuevos residentes en la capital. Y si bien es cierto que la resolución fue anulada en lo correspondiente a Bogotá (seguimos promoviendo la descentralización, como si las regiones fueran menores de edad), el resto del país sigue con en el viacrucis. Todo un desestímulo a los votantes, en un momento en el que el abstencionismo ya es exagerado.
¿Qué va a suceder? Seguramente, nada. Ninguna renuncia. Los ciudadanos tendrán que apelar y los altos funcionarios del CNE seguirán sin asumir su responsabilidad. Quedará en el recuerdo como un ‘falso positivo’, en la búsqueda de trashumancia. Uno puede concluir de este gravísimo error que cometió el Consejo Nacional Electoral, que igual será su papel en las próximas elecciones.
Juan Manuel Ramírez Montero
Tomado de Diario Portafolio – 21/10/2015
